Los mismos de siempre pretenden cubrir sus espaldas al querer reformar la Constitución de la República para eliminar la prescripción del delito de enriquecimiento ilícito, con el propósito de proteger a los funcionarios y empleados públicos, y así tener menos tiempo para que les descubran sus malas acciones; pretendiendo eliminar los 10 años indicados.
La reforma que pretenden hacer los Diputados corruptos, es a la clausula final del artículo 240 de la Carta Magna, que actualmente establece que «los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán iniciar un proceso dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento».
Una reforma a la Constitución debe ser avalada por dos periodos legislativos; es decir, si la actual Asamblea Legislativa la aprueba, tiene que ser ratificada por el próximo pleno.
